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La Embajada

Informe Anual 2007 del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la Trata de Seres Humanos

República Dominicana (Lista de Observación Categoría II)

TRADUCCIÓN NO OFICIAL

La República Dominicana es un país de origen, de tránsito y destino para hombres, mujeres y niños que son traficados para la explotación sexual comercial y para el trabajo forzado.  Mujeres y niños dominicanos son traficados para la explotación sexual en Europa Occidental, Australia, Argentina, Brasil, Costa Rica, el Caribe, Panamá y Surinam.  Un gran número de mujeres y niños también se trafican dentro del país para la explotación sexual y el trabajo forzado.  Algunos niños nacidos en la República Dominicana son traficados para realizar trabajos forzados y para participar en el negocio organizado de mendigos.  Algunos haitianos, incluyendo niños, se trafican hacia la República Dominicana para ser empleados forzosamente en los sectores de la construcción y la agricultura; muchos viven en barrios de casuchas escuálidas llamados bateyes.   Se reporta que venezolanos y colombianos también son traficados al país para la explotación sexual y el trabajo forzado.  Algunos nacionales chinos han sido contrabandeados a la República Dominicana alegadamente con la asistencia de altos funcionarios consulares dominicanos y de inmigración, y sujetos a condiciones de servidumbre involuntaria mientras esperan seguir su rumbo hacia los Estados Unidos.

El Gobierno de la República Dominicana no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico; sin embargo, está haciendo grandes esfuerzos para lograrlo.  La República Dominicana está en la Lista de Observación Categoría 2 por su incapacidad de mostrar evidencia de esfuerzos crecientes para combatir el tráfico humano, particularmente en términos de proporcionar más asistencia a las víctimas y de realizar acciones vigorosas para contrarrestar la complicidad oficial con la actividad del tráfico.  Aunque la Procuraduría hizo grandes esfuerzos para procesar a traficantes el año pasado, el gobierno debe aumentar el personal que tiene a su cargo hacer cumplir las leyes anti-tráfico, y agilizar los esfuerzos para arrancar con agresividad cualquier complicidad oficial con el tráfico humano, especialmente entre altos funcionarios.

La República Dominicana debe proveer más protección legal para las víctimas del tráfico, y aumentar los esfuerzos y los recursos de prevención contra el tráfico a las instituciones y organizaciones que dan refugio y servicio social.  Se debe prestar mayor atención hacia la identificación y asistencia a las víctimas haitianas del tráfico.

Procesamiento

El Gobierno de la República Dominicana hizo esfuerzos por investigar y procesar los delitos del tráfico durante el período de reporte.  La República Dominicana prohíbe todas las formas de tráfico en su amplia ley anti-tráfico, Ley 137-03, que penaliza hasta con 20 años de prisión.  Estas penalidades son suficientemente rigurosas y proporcionales con aquellas dadas a otros delitos graves.  El gobierno inició 120 procesamientos por tráfico y contrabando de extranjeros mediante esta ley el año pasado, obteniendo tres condenas específicas de tráfico; los acusados recibieron condenas de 15 a 20 años de prisión.

Aunque los esfuerzos del gobierno para condenar a los traficantes permanecieron al mismo nivel del año pasado, más de 30 procesamientos durante el período de reporte fueron el resultado del arresto de militares y otros funcionarios públicos por involucrarse en el tráfico; de esta cantidad, tres funcionarios han sido condenados.  Aunque esto representa un progreso importante en un área extremadamente difícil, la República Dominicana debe hacer mucho más para atacar el tema crítico de la complicidad oficial con el tráfico humano en todos los niveles gubernamentales.  Informes de prensa alegan que altos funcionarios consulares y de inmigración estuvieron directamente involucrados con el contrabando de nacionales chinos, algunos de ellos víctimas del tráfico, hacia la República Dominicana.  Cualquier persona que se encuentre implicada en el contrabando o tráfico de personas debe ser llevada a la justicia.  El Director de la Unidad Anti-Tráfico de la Procuraduría llegó a tener algo de éxito al abordar ésta y otras áreas; sin embargo, permaneció suspendido de sus funciones al final del período de reporte por razones no especificadas.

Protección

Los esfuerzos del gobierno para proteger las víctimas del tráfico siguieron inadecuados, mientras el mismo gobierno continuaba descansando en gran medida de las organizaciones internacionales y las ONGs para ofrecer los servicios de protección.  Aunque el gobierno mantiene refugios y programas para las víctimas de la violencia doméstica y el abuso sexual, generalmente estos servicios no son accesibles para las víctimas del tráfico.  El gobierno no ha desarrollado procedimientos formales para identificar a las víctimas entre las poblaciones vulnerables, como los inmigrantes indocumentados o las personas detenidas por delitos relacionados con la prostitución.

Sin embargo, el gobierno continuó entrenando a funcionarios establecidos en el extranjero para reconocer y ayudar a las víctimas de tráfico donde desempeñan sus funciones.  Los derechos de las víctimas se respetan generalmente, y no hubo informes de víctimas en prisión o penalizadas por los delitos cometidos como resultado directo de haber sido traficado.  Sin embargo, hubo informes de que algunos funcionarios conspiraron con los empleadores para repatriar a las personas de ascendencia haitianas traficadas si intentaban dejar los ambientes laborales de explotación, forzándoles a dejar detrás su pago y sus pertenencias.  Las autoridades dominicanas generalmente motivan a las víctimas a que ayuden en la investigación y procesamiento de sus traficantes, aunque las personas indocumentadas de ascendencia haitiana fueron muchas veces descuidadas.

El gobierno no provee alternativas legales que la remoción de las víctimas extranjeras a los países donde enfrentan dificultades o retribución.  El gobierno debe asegurar la protección a los haitianos y personas indocumentadas de ascendencia haitiana nacidas en la República Dominicana, muchos de los cuales pasan a ser víctimas del tráfico de personas.

Prevención

El gobierno realizó esfuerzos limitados de prevención al conducir seminarios contra el tráfico en escuelas de todo el país, llegando a más de 5,000 estudiantes.  El gobierno depende de las ONGs y las organizaciones internacionales para todas las demás actividades de prevención.

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